Al concluir 2007, las autoridades estadounidenses mantenían recluidas a 270 personas en Guantánamo, Cuba. En julio de ese año, el presidente Bush había renovado la autorización de un programa de detención secreta e interrogatorios gestionado por la Agencia Central de Inteligencia (CIA).
En la denominada “guerra contra el terror”, los Estados recurren a prácticas que el derecho internacional prohibió hace mucho, y han tratado de justificarlas en nombre de la seguridad nacional.
Desde el 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos y Europa han planteado abiertamente si las consideraciones de derechos humanos deben ceder terreno ante la protección de la población contra posibles ataques.
Esta actitud ha dado lugar a intentos de justificar la tortura y otros malos tratos y a una debilitación del debido proceso legal, plasmada en la detención indefinida sin cargos ni juicio de miles de sospechosos.
Al final de 2007, más de 600 personas permanecían recluidas sin cargos, juicio o revisión judicial de sus detenciones en la base militar estadounidense de Bagram, Afganistán, y 25.000 seguían retenidas por la Fuerza Multilateral en Irak.
Se teme que cientos de personas más hayan sido detenidas ilegalmente y trasladadas, normalmente en secreto, a países en los que se enfrentan a nuevas violaciones de derechos humanos.
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