La pena de muerte no tiene cabida en un sistema de justicia penal moderno. Viola el derecho a la vida y el derecho a no sufrir penas crueles, inhumanas o degradantes. Pese a ello, se sabe que en 2007 fueron ejecutadas por el Estado al menos 1.252 personas en 24 países; sin duda, la cifra real es más elevada.
En China, Irán, Arabia Saudí, Pakistán y Estados Unidos se llevó a cabo el 88 por ciento de todas las ejecuciones de que se tuvo noticia en 2007. Se calcula que 470 personas fueron ejecutadas y 1.860 condenadas a muerte en China en 2007. De nuevo, esta cifra está casi con certeza por debajo de la real. Los juicios por delitos punibles con la muerte siguieron celebrándose a puerta cerrada, y en ellos se utilizaban “confesiones” obtenidas a menudo mediante tortura y se negaba a las personas acusadas la asistencia letrada.
La pena de muerte no es un método de disuasión efectivo. Es irreparable, y puede dar lugar a la ejecución de inocentes; en Estados Unidos, más de 120 personas han sido excarceladas de los “corredores de la muerte” desde 1975 tras determinarse su inocencia.
Además, se utiliza de manera desproporcionada contra las personas pobres y los grupos minoritarios, y como herramienta de represión política.
En Arabia Saudí se ejecutó en 2007 como mínimo a 158 personas, entre ellas tres mujeres y al menos un menor. Dhahian Rakan al Sibai fue condenado a muerte por un asesinato que presuntamente cometió cuando tenía 15 años.
En las últimas décadas se han realizado importantes progresos hacia la abolición de la pena capital: 137 países –dos tercios del mundo– la han abolido.
Sin embargo, muchos gobiernos siguen creyendo que pueden resolver problemas sociales o políticos ejecutando a presos y presas. Sesenta países, entre ellos Estados Unidos, India y China, mantienen la pena capital.