Novedades clave en los primeros cuatro meses de 2008
La situación de los defensores y defensoras de los derechos humanos siguió siendo precaria, como pone de manifiesto el caso de Daniel Bekele y Netsanet Demissie en Etíopía. Estos dos hombres -a quienes Amnistía Internacional consideró presos de conciencia- estuvieron recluidos desde noviembre de 2005, y no quedaron en libertad finalmente hasta marzo de 2008. Algún movimiento positivo en la región en relación con la impunidad en la República Democrática del Congo se vio contrarrestado por la intensificación de los niveles de violencia en diversos conflictos armados. Se produjeron disturbios y violaciones de derechos humanos masivos tras procesos electorales.
Personas bajo el fuego
Todas las partes en el conflicto de Somalia continúan cometiendo abusos contra los derechos humanos y vulnerando el derecho internacional humanitario. La tortura y otros malos tratos, la violación, las ejecuciones extrajudiciales, la detención arbitraria y los ataques contra la población civil y contra infraestructuras civiles persisten sin trabas. El 14 de marzo de 2008, el secretario general de la ONU presentó su informe al Consejo de Seguridad, en el que exponía la situación de los planes de contingencia para el posible despliegue de una operación de mantenimiento de paz de las Naciones Unidas que sustituya a la Misión de la Unión Africana en Somalia (AMISOM). El 29 de abril, el Consejo de Seguridad prorrogó el embargo de armas sobre Somalia.
El 1 de febrero de 2008, grupos armados de oposición en Chad lanzaron una gran ofensiva contra Yamena, y durante tres días se libraron intensos combates. Se han recibido informes de cientos de víctimas civiles, y miles de personas huyeron de la capital al vecino Camerún. Tras este ataque, miembros de partidos políticos de la oposición, periodistas y defensores y defensoras de los derechos humanos han sufrido hostigamiento y persecución por parte de las autoridades chadianas. Además, se han denunciado también ejecuciones extrajudiciales, violencia sexual y desalojos forzosos en Yamena.
El conflicto armado, incluidos los enfrentamientos entre comunidades, continuó en el este de Chad y unos 9.000 nuevos refugiados sudaneses huyeron a esta región en febrero, después de ataques del ejército sudanés contra poblaciones de Darfur.
La situación en Darfur sigue siendo muy inestable. En febrero, las Fuerzas Armadas Sudanesas lanzaron una campaña militar contra las poblaciones de Sirba, Abu Suruj, Silia y Saraf Jidadand, en el corredor septentrional de Darfur Occidental, tras la ocupación del corredor por el Movimiento Justicia e Igualdad (JEM). Más de 115 personas murieron y más de 30.000 se convirtieron en desplazados forzados. Hubo también varios enfrentamientos entre las fuerzas del gobierno y el JEM, y dos ataques de las milicias yanyawid contra poblaciones de Darfur Septentrional. El 10 de mayo, según los informes, fuerzas del JEM atacaron una base aérea militar cerca de Jartum y tuvieron lugar operaciones militares en Omdurman-Jartum. Después del ataque se detuvo a numerosas personas asociadas con la oposición (armada).
Hasta ahora, la intervención de la Misión de las Naciones Unidas y la Unión Africana en Darfur (UNAMID) ha sido limitada, y su impacto imperceptible. Sus fuerzas carecen de material militar esencial y de logística. El 31 de marzo de 2008, la fuerza de la UNAMID estaba compuesta por un total de 9.213 miembros uniformados, incluidos 137 observadores militares, y contaba con el apoyo de 129 Voluntarios de la ONU.
La tensión entre diferentes partes en Abyei, Sudán, ha alcanzado nuevas cotas en fechas recientes con la llegada del administrador del Movimiento de Liberación Popular de Sudán (SPLM), Edward Lino. El Congreso Nacional (NCP) acusó al SPLM de haber roto el acuerdo Norte-Sur al designar unilateralmente al gobernador. El Ejército de Liberación Popular de Sudán (SPLA) y las Fuerzas Armadas de Sudán en el norte han intercambiado acusaciones de intensificar su presencia militar.
La situación en Kivu Septentrional, en la República Democrática del Congo, siguió siendo sumamente tensa a pesar de la celebración de la Conferencia de Paz de Kivu y de la firma por los grupos armados congoleños de los Kivus de un "Acta de Compromiso" el 23 de enero de 2008. El Acta de Compromiso, que contó con la mediación de la comunidad internacional (Estados Unidos, Unión Europea y Unión Africana), comprometía a los grupos armados a respetar un alto el fuego inmediato y a poner fin de inmediato a todos los actos de violencia contra la población civil y al reclutamiento de menores. Sin embargo, una delegación de Amnistía Internacional que visitó Kivu Septentrional en febrero halló indicios de que el reclutamiento y la utilización de menores por grupos armados seguían siendo generalizados, así como la detención ilegal y los malos tratos de niños y niñas soldados capturados por fuerzas gubernamentales. La delegación confirmó asimismo que en la provincia siguen siendo prácticas generalizadas la violencia sexual, los homicidios de civiles, la tortura y los malos tratos y otras violaciones graves de derechos humanos por parte de todas las fuerzas armadas.
Numerosas personas perdieron la vida en el curso de operaciones de las fuerzas de seguridad gubernamentales para restablecer el orden en la provincia de Bas-Congo en febrero y marzo. La persistencia de los disturbios en Bas-Congo parece tener su origen directo en el hecho de que las autoridades estatales no han investigado ni perseguido los actos anteriores de uso excesivo de la fuerza y ejecuciones extrajudiciales cometidos por las fuerzas de seguridad en la provincia en enero de 2007.
Violencia a raíz de procesos electorales
Según los informes, más de 1.000 personas han muerto en Kenya debido a la violencia étnica por motivos políticos y a homicidios policiales asociados tras las controvertidas elecciones presidenciales y parlamentarias del 30 de diciembre de 2007. La ONU calculó que más de 500.000 personas se vieron desplazadas, y miles continúan en esa situación. Según los informes, unas 12.000 han pasado a la vecina Uganda como refugiadas. La violencia ha disminuido después, tras la mediación política apoyada por la Unión Africana, a cuyo frente estuvo el ex secretario general de la ONU, Kofi Annan, y se ha formado un gobierno de unidad nacional.
Un mes después de las elecciones generales de marzo en Zimbabue, la comisión electoral del país no había dado a conocer todavía los resultados. En el periodo postelectoral se registró un aumento de la violencia punitiva, sobre todo contra partidarios del opositor Movimiento por el Cambio Democrático (MDC). Al parecer, los miembros de este grupo sufrieron ataques en zonas rurales y suburbios de bajo nivel de ingresos, donde según los informes el MDC consiguió más apoyo que el partido gobernante, Unión Nacional Africana de Zimbabue-Frente Patriótico (ZANU-PF). Al terminar abril, más de 500 personas habían sido tratadas por lesiones sufridas tras ser torturadas, golpeadas o haber sido incendiadas sus viviendas.
El 25 de abril, la policía asaltó la oficina del MDC en Harare. Más de 300 personas fueron detenidas, entre ellas algunas que se habían refugiado de la violencia de partidarios de ZANU-PF y de soldados. Unas 215 personas -entre ellas 35 menores, el mayor de los cuales tenía 11 años- fueron llevadas a la comisaría de Policía de Harare Central, aunque unas 180 han quedado en libertad tras obtener el MDC una orden del Tribunal Superior para su liberación inmediata el 28 de abril. La policía afirma que algunos de los detenidos habían cometido actos de violencia en zonas rurales y habían huido a Harare.
También fueron detenidos unos 25 simpatizantes del MDC por denuncias de haber cometido actos de violencia tras convocar el MDC una huelga general el 15 de abril para protestar por la demora en el anuncio oficial de los resultados de las elecciones.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
La violencia ha intensificado el miedo constante a la detención de defensores y defensoras de los derechos humanos en Zimbabue. Varios periodistas fueron detenidos en el periodo postelectoral y estuvieron recluidos durante varios días. El 25 de abril, agentes de policía del Departamento de Investigaciones Criminales (CID) de la Policía de la República de Zimbabue asaltaron las oficinas de la Red de Apoyo Electoral de Zimbabue (ZESN), con una orden de registro para buscar "material subversivo que puede causar el derrocamiento del gobierno constitucionalmente elegido". La ZESN cree que el acoso es un intento de incapacitar a la organización para que no pueda actuar como observadora de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales.
Justicia internacional / impunidad
Mathieu Ngudjolo fue entregado a la Corte Penal Internacional (CPI) en febrero por cargos de crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad cometidos en el distrito de Ituri, República Democrática del Congo, en 2002 y 2003. Ya son tres los sospechosos que están bajo custodia de la CPI en La Haya (todos ellos jefes de grupos armados de Ituri). En abril, la CPI dictó una cuarta acta de acusación formal, contra Bosco Ntaganda, a quien se le imputan cargos de reclutamiento y utilización de niños y niñas soldados en Ituri entre julio de 2002 y diciembre de 2003. Bosco Ntaganda continúa en libertad y es uno de los jefes principales del grupo armado de Laurent Nkunda, Congreso Nacional para la Defensa del Pueblo (Congrès National pour la Défense du People), en Kivu Septentrional, al que también se acusa de cometer crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad.
