Persistían los motivos de preocupación en torno al uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI, por sus siglas en inglés) y a la brutalidad policial.
Fuerzas policiales y de seguridad
La investigación realizada por la Inspección General sobre el homicidio del activista independentista Filiberto Ojeda Ríos a manos del FBI en septiembre de 2005 suscitó varios motivos de preocupación. La investigación había determinado que el FBI no era culpable de prácticas indebidas.
Sin embargo, seguía siendo motivo de inquietud para Amnistía Internacional la aparente contradicción entre lo que disponen las normas internacionales sobre el uso de fuerza letal y el hecho de que la policía hubiera efectuado más de un centenar de disparos contra un edificio en el que podría haber habido personas desarmadas. La organización cuestionó también el nivel de amenaza percibida procedente del interior de la vivienda, factor que el FBI utilizó para demorar su entrada en ella tras haber resultado Filiberto Ojeda Ríos herido fatalmente de bala, y puso en duda también si éste presentaba una amenaza inmediata para la vida cuando ya había recibido los disparos. Amnistía Internacional pidió una revisión de los estándares del FBI sobre el uso de fuerza letal y preguntó qué medidas había adoptado el gobierno estadounidense para abordar las críticas de la Inspección General en relación con determinados aspectos de la planificación y ejecución de la operación. Al finalizar el año no se había recibido respuesta del gobierno de Estados Unidos.
Amnistía Internacional no recibió respuesta a su solicitud de información sobre si se había llevado a cabo una investigación en torno a las denuncias según las cuales miembros del FBI habían utilizado pulverizadores de pimienta y un nivel injustificado de fuerza contra un grupo de periodistas en febrero de 2006.
Se recibieron denuncias sobre brutalidad policial durante la represión del narcotráfico en el barrio de Villa Cañona, de la localidad de Loíza. Los residentes denunciaron que los agentes del Departamento de Policía de Puerto Rico llevaban a cabo registros corporales sin ropa de forma indiscriminada a jóvenes de raza negra, sometiéndolos a insultos racistas y, en algunos casos, a agresión física.
En diciembre se constituyó una investigación externa para indagar las denuncias sobre malos tratos policiales a manifestantes desarmados que protestaban contra la construcción de una promoción de viviendas de lujo en la costa. Según parece, a los manifestantes que bloqueaban el acceso de los camiones a la obra, en el Paseo Caribe, les propinaron puñetazos y los sacaron a rastras del lugar, lo que ocasionó heridas a varios de ellos.
