Novedades clave en los primeros cuatro meses de 2008
Durante los primeros cuatro meses de 2008 en dos antiguos regímenes del continente se produjeron cambios históricos que suscitaron posibilidades de mejora en la situación de los derechos humanos en esos países. Sin embargo, violaciones de derechos humanos como torturas, desapariciones forzosas y actos de discriminación siguieron arruinando la vida de muchas personas en la región. Algunas iniciativas legislativas parecían dirigidas a amenazar el disfrute de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, ya de por sí frágil, y para muchas personas la realidad cotidiana era una espiral de pobreza y violencia de la que no podían escapar.
Cambios políticos
En febrero, Raúl Castro sustituyó formalmente a su hermano Fidel como presidente de Cuba, y de forma casi inmediata firmó dos tratados clave de la ONU sobre derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que recoge el derecho a la libertad de asociación, y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En febrero se puso en libertad a cuatro presos de conciencia.
En abril, el ex obispo católico Fernando Lugo fue elegido presidente de Paraguay, lo que puso fin a más de 60 años de gobierno del Partido Colorado. Asumirá el cargo en agosto. El presidente electo prometió acabar con la impunidad por las violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado y con la discriminación de las comunidades indígenas del país.
Sin embargo, en Bolivia aumentó la tensión tras la decisión del gobierno regional de Santa Cruz de celebrar en mayo un referéndum no autorizado sobre la autonomía de la región. Ni el Congreso Nacional ni la Corte Electoral autorizaron el plebiscito.
Derechos económicos, sociales y culturales
El efecto desestabilizador del vertiginoso aumento del precio de los alimentos en todo el mundo se hizo notar especialmente en Haití, donde los disturbios por este motivo provocaron en abril la dimisión del primer ministro. Las manifestaciones de protesta, los desórdenes y los saqueos se extendieron por todo el país y se cobraron la vida de seis personas.
En Brasil, aunque el gobierno federal anunció que se ratificaría la condición indígena de algunos territorios en disputa, los pueblos indígenas siguieron sufriendo amenazas físicas y privación de sus derechos sociales.
Personas bajo el fuego
En Río de Janeiro (Brasil) siguió registrándose un elevado número de homicidios durante las operaciones policiales. El 24 de abril, miembros del BOPE, unidad de élite de la policía militar de Río de Janeiro, mataron a 11 personas, entre ellas una anciana de 70 años, en la comunidad de Cidade de Deus. .
El 30 de marzo, dos hombres con la cara tapada mataron al activista agrario Eli Dallemolle en su domicilio de Ortigueira, en el estado de Paraná (Brasil). El homicidio se produjo después de que en este estado milicias armadas y hombres armados a sueldo atacaran y amenazaran en reiteradas ocasiones a activistas agrarios y mataran a algunos de ellos.
En Colombia, la población civil siguió siendo la principal víctima de un conflicto que dura desde hace decenios y que no dio auténticas señales de que fuera a solucionarse. Aunque las FARC liberaron a varios rehenes destacados, como la ex congresista Consuelo González y Clara Rojas, compañera de candidatura de la candidata presidencial Ingrid Betancourt, ésta permanece secuestrada desde hace más de seis años junto con otros centenares de personas.
En abril, la preocupación por el aumento de las ejecuciones extrajudiciales a manos de personal militar y las violaciones de derechos humanas perpetradas contra sindicalistas llevó a los congresistas estadounidenses a suspender los debates sobre la ratificación de un tratado de libre comercio con Colombia.
La seguridad pública continuó siendo un grave motivo de preocupación en varios países. En México se registraron 863 homicidios en los tres primeros meses del año, un 71 por ciento más que el año anterior. En Jamaica, según un artículo de prensa, se produjeron 489 homicidios durante los primeros cuatro meses del año.
"La guerra contra el terror"
En la actualidad hay unos 270 detenidos en Guantánamo. Nueve de ellos, entre los que figuraba Sami al-Hajj, cámara de televisión de Al Yazira, quedaron en libertad el 1 de mayo. Muhammad Rahim al-Afghani, que se encontraba bajo custodia secreta de la CIA, fue trasladado a Guantánamo en marzo. Se formularon cargos contra siete de los detenidos denominados de "alto valor". Seis habían sido víctima de desaparición forzada y posibles torturas en virtud del programa de detenciones secretas de la CIA, mientras que el séptimo había sido sometido en Guantánamo a torturas y a otros malos tratos en virtud del "plan de interrogatorios especiales" autorizado por Donald Rumsfeld. Las comisiones militares siguieron sus actuaciones preliminares contra varios de los otros ocho detenidos que habían sido objeto de acusación, entre ellos el ciudadano canadiense Omar Khadr (que tenía 15 años cuando fue detenido) y Mohammed Jawad (que tenía 16 o 17). Amnistía Internacional siguió asistiendo a las vistas de las comisiones militares en Guantánamo.
En febrero, el director de la CIA admitió que en 2002 y 2003 se había utilizado el "simulacro de ahogamiento" contra tres personas que se encontraban bajo custodia secreta de la CIA. El gobierno estadounidense afirma erróneamente que su uso era legal y se ha negado a descartar su utilización en el futuro si "las circunstancias lo requieren". El fiscal general se negó a iniciar una investigación penal sobre los motivos por los que los abogados del Departamento de Justicia, entre otros, habían dado su visto bueno a este método de interrogatorio.
Pena de muerte
El 6 de mayo, en Georgia, William Lynd se convirtió en la primera persona ejecutada en Estados Unidos después de que una suspensión de facto de las ejecuciones que había durado seis meses concluyera con la confirmación por la Corte Suprema de la constitucionalidad del procedimiento de inyección letal en Kentucky. En otros estados se han fijado también fechas para ejecuciones. Está previsto, por ejemplo, que Levar Walton, recluso de Virginia que padece una grave enfermedad mental, sea ejecutado en junio. En Texas se ha fijado el mes de agosto como fecha de ejecución de José Medellín. Éste era uno de los más de 50 ciudadanos mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos cuyo nombre apareció mencionado en un pleito interpuesto y ganado por México en el Tribunal Internacional de Justicia debido al incumplimiento por Estados Unidos de los derechos consulares de los ciudadanos extranjeros detenidos y condenados a muerte. La fecha de su ejecución se fijó después de que la Corte Suprema, en una resolución dictada en marzo, se inhibiera de hecho en favor de otras ramas de la administración a la hora de garantizar, como requiere el fallo del Tribunal Internacional de Justicia, la prestación de recursos efectivos a dichos ciudadanos extranjeros.
En febrero, el Congreso de Guatemala propuso un decreto que podría haber comportado la reinstauración de la pena de muerte. El decreto, vetado por el presidente Álvaro Colom, no fue aprobado finalmente por el Congreso.
En abril, el presidente de Cuba Raúl Castro anunció que casi todas las condenas de muerte se conmutarían por penas de cárcel de entre 30 años y cadena perpetua. Siguen condenadas a muerte tres personas acusadas de actos terroristas.
Violencia contra las mujeres
A partir de abril, la Suprema Corte de Justicia de México celebrará varias vistas públicas para escuchar los alegatos orales sobre el recurso de inconstitucionalidad presentado contra la ley promulgada en 2007 en el Distrito Federal que despenaliza el aborto hasta la duodécima semana de embarazo. Solo en los primeros cuatro meses del año fueron asesinadas al menos 17 mujeres y niñas en las localidades mexicanas de Chihuahua y Ciudad Juárez. Otras dos niñas seguían desaparecidas después de haber sido al parecer secuestradas.
En febrero, según los informes, grupos de hombres armados violaron a centenares de mujeres y niñas en Haití durante el carnaval.
Justicia e impunidad
En marzo, el Congreso de México aprobó importantes cambios constitucionales relacionados con el sistema de justicia penal, y retiró la propuesta de conceder a la policía facultades constitucionales para entrar en domicilios particulares sin mandamiento judicial. Las operaciones militares y policiales generaron más denuncias de homicidios ilegítimos, detenciones arbitrarias, registros domiciliarios ilegales y torturas y otros malos tratos. La policía federal estaba investigando a varios miembros de la policía judicial de Oaxaca y a un pariente del gobernador por su presunta participación en la desaparición forzada de dos integrantes de un grupo armado de oposición en 2007.
También en marzo se dictaron órdenes de detención contra 15 componentes de las fuerzas armadas de Colombia por su presunta participación en las muertes de ocho miembros de la Comunidad de Paz de San José de Apartadó, ocurridas en febrero de 2005, y en abril se presentaron cargos contra ocho de ellos. La mayoría de los 170 homicidios de miembros de esta comunidad siguen impunes.
En Perú, un ex director de los servicios nacionales de inteligencia durante el régimen del presidente Alberto Fujimori y tres miembros de un "escuadrón de la muerte" del ejército fueron condenados en abril a penas de hasta 35 años de cárcel por el homicidio de nueve estudiantes y un profesor de la Universidad de La Cantuta en 1992.
En Argentina se dictó una nueva orden de detención contra el ex general Jorge Rafael Videla por su presunta participación en 570 desapariciones forzadas, 270 casos de tortura y 29 ejecuciones extrajudiciales.
Y en febrero, en una decisión esperada desde hacía mucho tiempo y acogida con enorme satisfacción, el presidente Colom de Guatemala anunció la apertura de todos los archivos militares relacionados con el conflicto armado interno.
