En 2007 murieron al menos 10 personas bajo custodia policial. A pesar de las persistentes denuncias de este tipo de muertes y del uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos, el gobierno malaisio no aplicó recomendaciones clave sobre la reforma de la policía. Decenas de personas fueron recluidas sin juicio en virtud de varias leyes de excepción. Siguió restringiéndose la libertad religiosa. La destrucción de templos hinduistas presuntamente ilegales agravó los motivos de queja de numerosos miembros de la minoría malaisia de etnia india, como la discriminación y la marginación económica. Continuaron imponiéndose penas de muerte preceptivas. Se agredió y se detuvo de forma arbitraria a personas refugiadas y a trabajadores y trabajadoras migrantes durante redadas efectuadas para combatir la inmigración.
Reforma policial
Se presentó un proyecto de ley para la creación de una Comisión Especial de Denuncias responsable de supervisar e investigar las denuncias de conducta indebida de la policía y de otros cuerpos encargados de hacer cumplir la ley. Preocupó que en el proyecto de ley no se recogieran de forma adecuada las recomendaciones formuladas por una Real Comisión de Investigación creada en 2005, en especial las relativas a la independencia y a las facultades en materia de investigación de dicho órgano. En el proyecto de ley no sólo se concedía al primer ministro amplias atribuciones para nombrar y destituir a los miembros de la Comisión, sino que se preveía también la inclusión en ella del inspector general de la policía como miembro permanente. La Comisión no tenía tampoco la facultad de supervisar la investigación de las denuncias por parte de la policía.
Se modificó el Código de Procedimiento Penal para aumentar la protección de las personas detenidas. A partir de entonces la policía tenía la obligación de informar a quienes habían sido detenidos sin un mandamiento judicial sobre las circunstancias de su detención y permitirles —en la mayoría de los casos— el acceso a un familiar o abogado.
Uso excesivo de la fuerza y muertes bajo custodia
Al menos 10 personas murieron bajo custodia en 2007, entre ellas no menos de dos como consecuencia de presuntos suicidios y, según los informes, la policía siguió haciendo uso excesivo de la fuerza contra manifestantes pacíficos.
- El 10 y el 25 de noviembre, la policía utilizó gases lacrimógenos y cañones de agua con agentes irritantes contra manifestantes pacíficos durante dos manifestaciones multitudinarias, una de ellas en demanda de elecciones libres y justas y otra en protesta por la discriminación y otros agravios infligidos presuntamente a malaisios de etnia india.
Reclusión sin juicio
Se siguió utilizando la Ley de Seguridad Interna —o amenazando con utilizarla— para reprimir las actividades de personas consideradas detractoras del gobierno, con la amenaza concreta de aplicarla a autores de blogs. Tras las manifestaciones de noviembre, el primer ministro advirtió de que podría emplearse para impedir manifestaciones «ilegales». La ley permite las reclusiones sin juicio durante periodos de hasta dos años, renovables de manera indefinida.
- Al menos 83 personas fueron detenidas en virtud de la Ley de Seguridad Interna. La mayoría eran presuntos miembros de grupos islamistas como la Comunidad Islámica (Jemaah Islamiah). En 2007 se detuvo al menos a cuatro presuntos miembros de este grupo y se puso en libertad a no menos de 16 que habían estado recluidos durante más de cuatro años. Se dictaron órdenes de residencia restringida para muchos de los excarcelados.
- En virtud de la Ley de Seguridad Interna se detuvo también a cinco dirigentes de la Fuerza de Acción por los Derechos de los Hindúes, grupo de defensa de los derechos de la comunidad malaisia de etnia india, y se los trasladó directamente al centro de detención de Kamunting. Otros cinco, detenidos por la presunta divulgación de rumores sobre disturbios raciales, quedaron en libertad después.
- En octubre de 2007 se concedió una indemnización de 2,5 millones de ringgits (unos 746.000 dólares estadounidenses) a Abdul Malek Hussain, que había estado recluido en virtud de dicha ley. El juez resolvió que se lo había detenido de manera ilegal en 1998 y que se le había agredido y torturado bajo custodia.
Siguió deteniéndose a presuntos delincuentes en virtud del Decreto de Emergencia (Orden Público y Prevención del Delito) y de la Ley de Drogas Peligrosas (Medidas Especiales Preventivas), que permitían recluir a un sospechoso durante un periodo de hasta 60 días para llevar a cabo investigaciones y aplicarle después una orden de reclusión de dos años renovable de manera indefinida. Entre enero y agosto se recluyó a 550 personas en virtud de la Ley de Drogas Peligrosas. Como consecuencia de ambas normas, los presuntos delincuentes corrían el peligro de ser recluidos de forma arbitraria y de sufrir tortura y otros malos tratos.
Trabajadores y trabajadoras migrantes, personas refugiadas y solicitantes de asilo
El Cuerpo de Voluntarios Populares continuó practicando detenciones en masa de trabajadores migrantes, refugiados y solicitantes de asilo. Según una agencia de noticias oficial, el cuerpo había detenido hasta agosto de 2007 a 24.770 migrantes. Siguió acusándose a miembros de este cuerpo de hacer uso excesivo de la fuerza y de practicar detenciones arbitrarias durante sus redadas.
Los trabajadores migrantes eran también objeto de abusos físicos y psicológicos por parte de empleadores y agencias de contratación, y a menudo se les negaba el acceso igualitario a los beneficios y garantías concedidos a los trabajadores malaisios, como las disposiciones relativas a la maternidad, la limitación de la jornada laboral y las vacaciones.
Castigos crueles, inhumanos y degradantes
Se siguió utilizando la flagelación con vara como castigo para muchos delitos, incluidos algunos relacionados con la inmigración. Según los informes, migrantes irregulares (personas que carecían de la documentación adecuada) y refugiados fueron sometidos a este tipo de sanción.
Pena de muerte
En marzo, el gobierno aprobó una modificación del Código Penal por la que se introdujo la pena de muerte preceptiva para actos de terrorismo con resultado de muerte. Se preveía también la pena de muerte preceptiva para toda persona declarada culpable de proporcionar fondos para la comisión de actos terroristas con resultado de muerte. Siguieron imponiéndose condenas de muerte durante 2007, con penas de muerte preceptivas para los delitos de narcotráfico. Las autoridades no revelaron los detalles de las ejecuciones.
Libertad de expresión
- El 13 de julio, Nathaniel Tan, miembro del personal del Partido de la Justicia del Pueblo y autor de un blog, fue detenido en su oficina y recluido en virtud de la Ley de Secretos Oficiales. Se lo detuvo bajo la sospecha de tener acceso a secretos de Estado, en concreto a documentos oficiales relacionados con denuncias de corrupción, y divulgarlos en su blog.
Discriminación
Libertad religiosa
Continuó restringiéndose el derecho de libertad religiosa. Las personas que querían abandonar el islam y convertirse a otra religión tenían problemas para que los tribunales civiles reconocieran su conversión.
- En enero, Revathi, musulmana de nacimiento, fue detenida en el Tribunal Superior de la Ley Islámica de Malaca cuando tramitaba una solicitud para que le reconocieran su condición de hinduista. La condujeron a un campo de «rehabilitación religiosa» situado en Selangor, donde permaneció seis meses. En marzo, las autoridades islámicas quitaron a su marido a una hija de ambos y se la entregaron a la madre de Revathi, que era musulmana.
- En noviembre, en la víspera de la festividad hindú de Dipavali, se demolió un templo hinduista de 100 años de antigüedad en Shah Alam. Varias personas resultaron heridas y 14 fueron detenidas al intentar los fieles detener la demolición. En 2007, pese a los ruegos de las comunidades hindúes locales, se derribaron otros templos hinduistas presuntamente ilegales con el fin de llevar a cabo proyectos de desarrollo.
Derechos de las personas transexuales
- El 30 de julio, funcionarios del Departamento de Asuntos Religiosos Islámicos de Malaca golpearon brutalmente a una transexual llamada Ayu. Según los informes, le propinaron puñetazos y patadas, provocándole la rotura de una hernia que ya padecía. Un funcionario del departamento señaló que la habían detenido por el «delito» de «vestirse de mujer siendo hombre en un espacio público», penado con una multa de 1.000 ringgits (unos 300 dólares estadounidenses), seis meses de cárcel o ambas sanciones en virtud de la Ley de Delitos Islámicos de Malaca.
