La aplicación de la pena de muerte se mantenía en secreto. Al parecer, la tortura y otros malos tratos eran un fenómeno generalizado en las comisarías de policía, las prisiones y los centros de detención. El Estado no proporcionaba ayuda ni protección adecuadas a las víctimas de la trata de personas. Las empresas mineras siguieron contaminando las fuentes de agua potable.
Información general
El presidente del Partido Revolucionario del Pueblo de Mongolia, Sanj Bayar, fue nombrado en noviembre primer ministro.
En la Facultad Nacional de Derecho y en la Escuela de Administración empezaron a impartirse cursos de anticorrupción para combatir este mal endémico.
A pesar de las crecientes inversiones en Mongolia realizadas por empresas mineras internacionales, el gobierno no estableció garantías jurídicas para la protección contra los desalojos forzosos ni para una salvaguardia adecuada de la salud, la seguridad y el medio ambiente. La contaminación del agua potable por el vertido en los ríos de los productos derivados de las actividades mineras y de prospección dañaba las fuentes de subsistencia de los pastores nómadas tradicionales, que dependían del agua de los ríos para abrevar su ganado.
Pena de muerte
La pena de muerte no se aplicaba con transparencia. Las ejecuciones se llevaban a cabo en secreto, y no había estadísticas oficiales sobre las condenas de muerte ni las ejecuciones. Según los informes, las personas condenadas a muerte vivían en condiciones espantosas y permanecían más de 24 meses en espera de ejecución. Las autoridades no notificaban a los familiares la fecha en que ésta se llevaba a cabo.
Salud: contaminación del medio ambiente
A pesar de la aprobación en 2006 de una ley sobre productos químicos tóxicos o peligrosos, el gobierno no controló la utilización de productos tóxicos como el mercurio y el cianuro sódico en la minería. Según los informes, se emplearon grandes cantidades de estos productos químicos en más de 20 distritos (soums) de nueve provincias (aimags), lo que acarreó la contaminación de las fuentes de agua de esas zonas. Según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el nivel de contaminación en el distrito de Khongur era entre 100 y 125 veces superior al recomendado en el caso del mercurio y 900 veces mayor en el del cianuro sódico.
Violencia contra las mujeres
El vertiginoso aumento de la migración comportó también un incremento de la trata de mujeres (y niñas) dentro del país y a través de las fronteras. Las mujeres eran objeto de trata con fines de explotación sexual, trabajo forzado y matrimonio. No se facilitaba ayuda ni protección a las víctimas, y existía la tendencia a perseguirlas judicialmente por delitos conexos como el de inmigración ilegal.
Mongolia no era Estado Parte en el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños, que complementa la Convención de la ONU contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Protocolo de Palermo).
Tortura y otros malos tratos
Se modificó el Código Penal para incluir una definición de tortura y una disposición para que las víctimas pudieran solicitar indemnizaciones. Sin embargo, éstas no tenían ningún cauce para conseguir la rehabilitación. La tortura y los malos tratos siguieron siendo un fenómeno generalizado en las comisarías de policía y en los centros de detención preventiva. Fiscales, abogados e integrantes de la magistratura no eran sensibles a las normas internacionales que prohíben la tortura.
