Novedades clave en los primeros cuatro meses de 2008
Los primeros meses de 2008 nos recordaron crudamente cómo el rápido crecimiento económico que se ha producido en algunas zonas de la región no ha cambiado en absoluto la vida cotidiana de muchas personas. La gente continúa viviendo en la pobreza y bajo regímenes que cometen abusos. Un caso extremo fue el desprecio que mostró el gobierno de Myanmar hacia su atribulada población al no facilitar la llegada de la ayuda a las personas damnificadas por el ciclón Nargis.
Muchas personas fueron ejecutadas por sus gobiernos a medida que avanzaba el año, y miles más siguieron en espera de ejecución. El número real se desconoce, ya que en China, Vietnam y otros países la cifra se mantiene en secreto. Miles de personas sufrieron violencia extrema y perdieron sus medios de vida al recrudecerse o reanudarse conflictos armados.
Represión de la disidencia
En Tíbet, las manifestaciones pacíficas de los monjes en Lhasa condujeron a violentas protestas en marzo, incluidos ataques de índole racista contra las personas de la etnia han china, lo que a su vez desencadenó una dura represión por parte de las autoridades chinas. Según fuentes tibetanas, más de 150 personas murieron en los disturbios, y hubo miles de personas detenidas y que siguen sin aparecer.
En Myanmar continuó la represión de las personas sospechosas de participar en las protestas pacíficas de 2007 contra el gobierno, o de apoyarlas, con nuevas aprehensiones y largos periodos de detención. Al menos 700 personas presas de conciencia que habían sido detenidas en relación con las manifestaciones continúan privadas de libertad. El asesor especial del secretario general de la ONU, Ibrahim Gambari, volvió a visitar Myanmar en marzo, concluyendo que su visita no había dado "resultados tangibles". El 10 de mayo, a pesar del sufrimiento de cientos de miles de sobrevivientes del ciclón Nargis que carecían de alimentos adecuados, techo y acceso a la atención sanitaria, el gobierno continuó con la celebración de un referéndum nacional sobre un proyecto de Constitución largamente retrasado, al mismo tiempo que introducía una ley que tipificaba como delito las protestas contra el referéndum.
Vietnam siguió firmemente anclada en su inveterada costumbre de reprimir la disidencia legítima y pacífica. El gobierno llevó a juicio al menos a siete disidentes y los condenó a largas penas de cárcel. También detuvo al menos a 14 personas que protestaron por la política de China durante el recorrido de la antorcha olímpica en abril.
En Indonesia, 20 personas de Maluku, que según los informes intentaron izar una bandera independentista en 2007, fueron condenadas a largas penas de cárcel en abril. Una de ellas, Johan Teterisa, fue condenado a cadena perpetua.
Los editores australianos de los periódicos Fiji Times y Fiji Sun fueron expulsados en febrero y marzo respectivamente, y con ello aumentó la preocupación por la constante tendencia de la administración militar provisional de Fiyi de intimidar a los medios de comunicación.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
A medida que se acercaban los Juegos Olímpicos de Pekín, las autoridades endurecieron las medidas de seguridad y el gobierno detuvo o condenó cada vez a más defensores y defensoras de los derechos humanos, a menudo por "subvertir el poder del Estado".
Las autoridades de Camboya detuvieron a 16 habitantes rurales que protestaban para proteger sus tierras. En los primeros meses de 2008 se produjeron al menos cuatro incidentes de desalojos forzosos. Las detenciones son una muestra de la preocupación que suscita el abuso que hacen las autoridades del sistema de justicia penal para silenciar a los defensores y defensoras de los derechos a la tierra y la vivienda. La mayoría de las personas detenidas han sido puestas en libertad, seis de ellas tras la intervención directa del primer ministro.
En Filipinas, entre los homicidios por motivos políticos de activistas de izquierdas que se producen periódicamente figuró el del sindicalista Gerardo Cristobal en marzo. En enero el Tribunal Supremo dictó una normativa destinada a mejorar las salvaguardias de hábeas corpus, mientras el gobierno seguía tratando de mejorar la eficacia de las investigaciones policiales y el trabajo de los fiscales.
Los recursos presentados en Malaisia contra la detención sin juicio de cinco miembros de la coalición de organizaciones no gubernamentales Fuerza de Acción por los Derechos de los Hindúes en virtud de la Ley de Seguridad Interna no dieron resultados.
Individuos en situaciones de conflicto
En Afganistán no hubo descanso para las personas atrapadas en el conflicto. De hecho, el señalado aumento de la violencia relacionada con la insurgencia -incluidos atentados suicidas de los talibanes y otros grupos armados- fue causa directa de muertes de civiles. A fecha de abril y según los informes, al menos 120 civiles habían perdido la vida en 20 atentados suicidas.
El acuerdo de alto el fuego firmado en 2002 en Sri Lanka entre el gobierno y los Tigres de Liberación de Eelam Tamil (LTTE) se rompió en enero, dejando a la población civil en una situación cada vez más vulnerable frente a los abusos cometidos por todas las partes en un conflicto armado cada vez más encarnizado. Más de un centenar de civiles murieron en una serie de atentados con explosivos en autobuses, presuntamente cometidos por los Tigres de Liberación.
La violencia en el sur de Tailandia continuó sin disminuir, con abusos cometidos por ambas partes, tanto los grupos armados, con la población civil como objetivo, como las fuerzas de seguridad, que, según los informes, torturaba a los detenidos.
El poder del pueblo
Votantes de toda la región desafiaron las previsiones al castigar a los gobiernos con mal historial de derechos humanos y pedir a sus candidatos garantías en este ámbito, logrando así compromisos positivos -al menos verbales- de los gobiernos resultantes.
Las históricas elecciones marzo en Nepal, por ejemplo, dieron lugar al establecimiento de una Asamblea Constituyente. Los votantes expresaron con claridad su deseo de que se hicieran plenamente realidad los compromisos de derechos humanos del acuerdo de paz de 2006, como las medidas para combatir la impunidad y conceder el derecho al voto a grupos históricamente marginados, como las mujeres, las castas inferiores y diversas minorías étnicas. Resurgió la preocupación por el uso excesivo de la fuerza y las detenciones arbitrarias de la policía, tanto en el marco de la campaña electoral como durante las operaciones policiales contra las manifestaciones tibetanas y otras manifestaciones pacíficas en abril.
Malaisia fue también a las urnas en marzo. Los partidos de oposición acabaron con el medio siglo de monopolio del poder del partido gobernante, alimentando las esperanzas de que se suavizaran las leyes que restringían las libertades de expresión, asociación y reunión y que se acelerara la reforma de la policía.
Las elecciones de febrero en Pakistán dieron el poder a una coalición de gobierno compuesta por partidos opuestos al régimen del general Pervez Musharraf. El nuevo gobierno prometió restaurar las salvaguardias de derechos humanos erosionadas durante el último estado de emergencia de 2007, en particular reincorporando a los jueces independientes destituidos indebidamente por el presidente Musharraf y revocando modificaciones restrictivas a las leyes. En abril, el nuevo gobierno ratificó o firmó tres importantes pactos internacionales de derechos humanos.
Impunidad
En Sri Lanka, la espiral del conflicto hizo aumentar la preocupación por la administración de justicia y el uso inadecuado de las leyes de excepción, y las autoridades no investigaron eficazmente el panorama de desapariciones forzadas y homicidios ilegítimos, incluidos los de profesionales de los medios de comunicación.
Mejores noticias llegaron de Bangladesh, donde, en abril, tres meses después de la visita de una delegación de alto nivel de Amnistía Internacional, el gobierno provisional planteó al secretario general de la ONU la posibilidad de que esta organización ayudara a abordar los crímenes de guerra presuntamente cometidos en la guerra de independencia de 1971.
Mientras, en India, ese mismo mes el Tribunal Supremo pidió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos que investigara las violaciones de derechos humanos presuntamente cometidas por milicianos respaldados por el gobierno en el marco de las protestas violentas que continuaban produciéndose contra los proyectos industriales en zonas tribales adivasi.
Tortura
En toda la región de Asia y Oceanía persistieron los informes de brutalidad y abusos contra los detenidos a manos de la policía. Continuaron los informes de tortura y otros malos tratos a manos de agentes estatales en Indonesia, país cuyo cumplimiento de la Convención contra la Tortura debía examinar el Comité contra la Tortura a comienzos de mayo.
Pena de muerte
Mientras la mirada del mundo se centraba en el uso excesivo de la pena de muerte por parte de China en la etapa previa a las Olimpiadas de Pekín, otros países de la región siguieron aplicando la pena capital. En Japón, por ejemplo, han sido ejecutadas siete personas desde enero, y al menos hay 105 en espera de ejecución. En Corea del Norte, se ejecutó públicamente a 15 personas por intentar cruzar la frontera con China sin autorización. Mejores fueron las noticias de Corea del Sur, en donde se conmutó la pena de 6 de los 64 reclusos en espera de ejecución. Y en marzo, el Tribunal Supremo de Indonesia conmutó la pena de tres miembros de "los nueve de Bali", todos ellos ciudadanos australianos condenados por narcotráfico. En este país se sabe que hay al menos otras 112 personas que siguen en espera de ejecución.
Solicitantes de asilo
En Australia el gobierno anunció en febrero que pondría en libertad a 21 solicitantes de asilo de Sri Lanka que seguían en Nauru, y dijo que habían comenzado las conversaciones con el gobierno de Nauru para cerrar el centro de detención, poniendo así fin a la criticada Solución Pacífico para quienes solicitaban asilo en Australia.
En enero, y según los informes, al menos 75 personas refugiadas y solicitantes de asilo de etnia chin de Myanmar se quedaron sin techo tras incendiar unos funcionarios de inmigración el campamento donde vivían en Malaisia.
