Novedades clave en los primeros cuatro meses de 2008
En los primeros meses de 2008, los gobiernos de la región no adoptaron medida alguna para asumir su responsabilidad por el papel que desempeñaron en las entregas extraordinarias. Sin embargo, hubo algunas reacciones positivas contra los esfuerzos de algunos países de socavar la prohibición universal de la tortura al intentar expulsar a personas a Estados donde correrían un riesgo real de sufrir abusos graves contra los derechos humanos. La libertad de expresión continuó amenazada en algunas zonas de la región, y en muchos países se restringió aún más el espacio en el que los defensores y defensoras de los derechos humanos realizan su trabajo.
Contra el terror, justicia
Siguió sin haber voluntad política respecto al problema de las entregas, a pesar de los indicios que salieron a la luz en 2007 y que despejaron cualquier duda sobre la complicidad de los Estados europeos. La mayoría de los Estados siguieron respondiendo con el silencio y la pasividad a la evidencia, ahora de conocimiento público, de la existencia de lagunas legales que han permitido a las agencias nacionales de información, tanto europeas como no europeas, tener conductas ilegales y eludir la rendición de cuentas.
En febrero, la necesidad de llevar a cabo investigaciones exhaustivas e independientes sobre las denuncias de participación en vuelos para entregas extraordinarias quedó patente cuando los gobiernos de Reino Unido y Estados Unidos reconocieron que dos aeronaves habían aterrizado en la isla de Diego García en 2002, a pesar de que previamente las autoridades británicas habían asegurado en reiteradas ocasiones, también a Amnistía Internacional, que este territorio no se había utilizado "en ningún momento" para el traslado de detenidos.
Entre las noticias positivas, una sentencia histórica dictada en febrero por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos reafirmó la prohibición absoluta de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o degradantes en el caso de Saadi v. Italia. Las autoridades de Italia habían intentado expulsar a Nassim Saadi a Túnez alegando que suponía un riesgo para la seguridad. El Tribunal, sin embargo, apoyándose en los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch, encontró razones fundadas para estimar que existía un riesgo real de que, si era devuelto, podría ser sometido a tortura u otros malos tratos.
Aunque el Tribunal reconocía la enorme dificultad a la que se enfrentaban los Estados para proteger a sus comunidades frente a la violencia terrorista, afirmó que el peligro del terrorismo no debía cuestionar el carácter absoluto de la prohibición de la tortura.
En otro ejemplo, en abril el Tribunal de Apelación de Inglaterra y Gales falló que Reino Unido no podía expulsar legalmente a tres personas -una a Jordania y dos a Libia- en virtud de su política de "expulsión con garantías". En el primer caso, el Tribunal de Apelación reconoció que el juicio al que sería sometido Abu Qatada a su regreso a Jordania, en el que muy probablemente se admitirían pruebas en su contra conseguidas mediante tortura, equivaldría a una violación flagrante del derecho a un juicio justo. En el caso de los otros dos detenidos, el Tribunal de Apelación reafirmó una opinión anterior, según la cual las garantías obtenidas de Libia por el Reino Unido en forma de "Memorando de Entendimiento" no eran suficientes para proteger a estas personas de un peligro real de sufrir tortura u otros malos tratos si eran devueltas a Libia.
Sin embargo, los motivos de preocupación en relación con la tortura y otros malos tratos en Europa no se circunscribían sólo al problema del terrorismo internacional. El 6 de marzo, por ejemplo, el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura (CPT) pidió a las autoridades de Turquía que revisaran por completo la situación de Abdullah Öcalan "con vistas a integrarlo en un entorno donde se le permita mantener contacto con otros reclusos y llevar a cabo actividades más variadas". Abdullah Öcalan cumple en la actualidad una condena de prisión a perpetuidad después de que en 1999 lo declararan culpable de "traición y separatismo" como dirigente del Partido de los Trabajadores Kurdos (PKK). El informe del CPT documentaba un "deterioro evidente de su estado psíquico [...] relacionado con una situación de estrés crónico y aislamiento social y emocional prolongado, unido a un sentimiento de abandono y decepción".
Migración
La restricción de los derechos de las personas migrantes, la ampliación de los límites temporales de la detención y la limitación de los derechos de los solicitantes de asilo siguieron ocupando un lugar importante en la agenda política de la Unión Europea y sus Estados miembros.
La Presidencia eslovena de la Unión Europea alcanzó en abril un acuerdo preliminar para una directiva sobre normas y procedimientos comunes para la devolución de migrantes irregulares o soliciantes de asilo rechazados. Preocupa a Amnistía Internacional que ese acuerdo incluya un periodo de detención máximo de 6 meses, ampliable otros 12 en ciertos casos en los que no den resultados los "esfuerzos razonables". El gobierno de Italia está considerando la posibilidad de ampliar hasta los 18 meses el periodo de detención de migrantes irregulares, así como la introducción de procedimientos de expulsión acelerados.
Trata de personas
Los derechos de las personas que se han visto atrapadas en esta moderna forma de esclavitud, o que corren el riesgo de verse en esa situación, recibieron un impulso considerable con la entrada en vigor del Convenio del Consejo de Europa sobre la lucha contra la Trata de Seres Humanos el 1 de febrero de 2008. En la actualidad son 17 los Estados Partes en el Convenio.
Personas bajo el fuego
En un atentado terrorista perpetrado en España el 7 de marzo, y que Amnistía Internacional condenó con firmeza, el grupo armado vasco Euskadi Ta Askatasuna (ETA) mató a Isaías Carrasco, ex concejal del Partido Socialista. El grupo también planeaba una campaña para amenazar a representantes de partidos políticos y profesionales del periodismo, y en abril reivindicó la autoría de otros cuatro atentados con bomba.
Pena de muerte
La tendencia regional hacia la abolición continuó a buen paso y Uzbekistán abolió la pena de muerte a partir del 1 de enero de 2008. Sin embargo, no se han publicado estadísticas completas, incluido el número de condenados a muerte cuyas penas se conmutaron tras la abolición. Bielorrusia sigue empeñada en desempeñar su papel de último país ejecutor de la región; se recibieron noticias de que en febrero se habían llevado a cabo tres ejecuciones.
Libertad de expresión
La libertad de expresión siguió amenazada en algunas zonas de la región. Se temía que las autoridades de Armenia pudieran haber hecho uso de fuerza excesiva el 1 de marzo, para dispersar a manifestantes que protestaban contra los resultados de las reñidas elecciones presidenciales celebradas el mes anterior. Ocho personas, entre ellas un policía, murieron y más de 100 activistas de la oposición fueron detenidos. En Bielorrusia, según informes de testigos presenciales, la policía golpeó y propinó patadas a los manifestantes que se habían congregado en Minsk el 25 de marzo de 2008 para conmemorar el 90 aniversario de la efímera independencia del país. Unas 100 personas fueron detenidas. El gobierno de Turquía aún no había derogado legislación que se utilizaba para procesar judicialmente a activistas de derechos humanos y profesionales del periodismo. En Azerbaiyán, continúa la persecución contra periódicos de la oposición, en forma de constantes ataques, actos de acoso y acciones legales cuestionables. Por ejemplo, el 7 de marzo, Qənimət Zahid, redactor jefe del periódico de oposición Azadlýq (Libertad), fue condenado a cuatro años de prisión por cargos de "vandalismo con agravantes" y "agresión y lesiones". Amnistía Internacional cree que su condena fue un intento concertado de las autoridades azerbaiyanas de silenciar una voz crítica de oposición. Finalmente, en Rusia, continuó restringiéndose el espacio del que disponían activistas de derechos humanos, organizaciones independientes y medios de comunicación para desarrollar sus actividades y expresar sus opiniones críticas.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Otros defensores y defensoras de los derechos humanos en la región continuaban amenazados. En Serbia, tras la declaración unilateral de independencia de Kosovo el 17 de febrero de 2008, los defensores y defensoras de los derechos humanos han sido objeto de persecución, al igual que otras minorías. Durante las manifestaciones de protesta que tuvieron lugar en las principales ciudades serbias el 19 de febrero y que congregaron a cientos de personas, según los informes, se pidió repetidamente la muerte de las personas de etnia albanesa. Un miembro del Parlamento serbio también apoyó la ilegalización de todos los partidos políticos y ONG que reconocieran a Kosovo como un país independiente. Mencionó expresamente a Nataša Kandić, activista de derechos humanos y directora del Centro de Derecho Humanitario de Belgrado. Nataša Kandić y esta organización han denunciado la impunidad por los crímenes de guerra en los Balcanes y ayudado a las víctimas de violaciones de derechos humanos, con independencia del bando al que perteneciesen, a acceder a la justicia.
Impunidad
No sólo los conflictos del pasado han planteado motivos de preocupación acerca de la impunidad. Amnistía Internacional considera muy preocupante el fallo del Tribunal Supremo español desestimando el recurso presentado contra la concesión del indulto parcial de cuatro policías locales declarados culpables de la detención ilegal y malos tratos de un residente en España de origen senegalés en marzo de 1997. Los agentes de policía ya se habían reincorporado a sus puestos y nunca cumplieron las penas de cárcel. Más positivo fue el anuncio en febrero por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional respecto a que se van a instalar cámaras de vigilancia de vídeo en las zonas en las que se recluye a los detenidos en régimen de incomunicación, de acuerdo con las recomendaciones formuladas por el relator especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura y por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura.
