La situación de los derechos humanos en Israel y los Territorios Palestinos Ocupados siguió siendo grave. Las fuerzas israelíes mataron a más de 370 palestinos, destruyeron más de 100 viviendas palestinas e impusieron medidas aún más estrictas para restringir la circulación de la población palestina. En junio, el gobierno israelí impuso un bloqueo sin precedentes a la Franja de Gaza, que dejó a la totalidad del millón y medio de personas que componían su población prácticamente encarceladas, sometidas a un castigo colectivo y en medio de la más grave crisis humanitaria sufrida hasta entonces. Unos 40 palestinos murieron por impedírseles salir de Gaza para recibir tratamiento médico urgente del que no se disponía en los hospitales locales. En la Franja de Gaza, la mayor parte de la población dependía de la ayuda humanitaria internacional para su supervivencia, pero los organismos humanitarios de la ONU se quejaban de que, debido al bloqueo israelí, les resultaba muy difícil prestarle la ayuda que tanto necesitaba. En Cisjordania, las autoridades israelíes continuaron expandiendo los asentamientos ilegales y construyendo una valla/muro de 700 km en contra del derecho internacional. La impunidad siguió siendo la norma en el caso de los soldados y los colonos israelíes que cometían graves abusos contra la población palestina, como homicidios ilegítimos, agresiones físicas y ataques contra bienes. Se detuvo a millares de palestinos, la mayoría de los cuales quedaron posteriormente en libertad sin cargos. Las personas contra las que se presentaban cargos por delitos relacionados con la seguridad solían ser sometidas a juicios injustos ante tribunales militares. En las cárceles israelíes había unos 9.000 palestinos, incluidos menores, que en algunos casos llevaban años recluidos sin cargos ni juicio. Los ataques de grupos armados palestinos mataron a 13 israelíes (véase el apartado sobre Autoridad Palestina).
Información general
En enero, el presidente Moshe Katsav pidió su excedencia tras anunciar el fiscal general que se iban a presentar cargos contra él por violación, y en junio dimitió tras llegar a un acuerdo por el que admitía su responsabilidad en delitos menores, como acoso sexual, abusos deshonestos y hostigamiento a un testigo, a cambio de que se retirara el cargo de violación y se lo librara de ir a la cárcel. Una de las partes demandantes solicitó al Tribunal Supremo que anulara el acuerdo, y las organizaciones de derechos de las mujeres pidieron que se llevara a Moshe Katsav a juicio. El caso quedó pendiente. En junio, el viceprimer ministro, Simón Peres, fue elegido presidente.
El gobierno israelí reanudó las conversaciones con la Autoridad Palestina, y en noviembre ambos bandos participaron en una reunión internacional, celebrada en Anápolis bajo los auspicios del gobierno estadounidense, para entablar otra vez negociaciones de paz. Sin embargo, no se anunciaron en la reunión medidas concretas. Al final del año, las promesas israelíes de suavizar la restricción de la libertad de circulación de la población palestina y eliminar algunos de los «puestos de avanzada» de asentamientos israelíes no se habían cumplido. En diciembre, las autoridades israelíes anunciaron una nueva expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania, medida que violaba el derecho internacional.
Homicidios de personas palestinas
Las frecuentes incursiones aéreas y otros ataques de las fuerzas israelíes mataron a más de 370 palestinos, incluidos unos 50 menores, e hirieron a millares más. Las autoridades israelíes sostenían que tales ataques eran una respuesta a los que los grupos armados palestinos efectuaban desde Gaza con cohetes Qassam o morteros contra ciudades y pueblos próximos del sur de Israel y contra posiciones militares israelíes del perímetro de la Franja de Gaza. Más de la mitad de los palestinos que las fuerzas israelíes mataron eran combatientes, que estaban participando en enfrentamientos armados o ataques o que fueron ejecutados extrajudicialmente en ataques aéreos. El resto eran civiles desarmados que no participaban en las hostilidades. Entre las víctimas hubo alrededor de 50 menores.
- Cinco menores murieron, alcanzados por misiles israelíes, en dos sucesos distintos, ocurridos en Beit Hanún, en el norte de Gaza, en agosto: Mahmoud, Sara y Yahia Abu Ghazal, de 8, 9 y 11 años, respectivamente, murieron el 29 de agosto, cuando cuidaban de sus ovejas, y Fadi Mansour al Kafarna y Abd al Qader Ashour, de 11 y 13 años, el 21 de agosto, cuando jugaban en un campo, donde un tercer menor resultó herido.
- A Zaher al Majdalawi y Ahmad Abu Zubaidah, de 13 y 14 años, respectivamente, los mataron el 1 de junio, cuando volaban unas cometas en la playa de Beit Lahia, en el norte de Gaza.
Homicidios de israelíes
Los grupos armados palestinos mataron a siete civiles y seis soldados israelíes, la cifra anual de víctimas mortales más baja desde el estallido de la Intifada en 2000.
- Shirel Friedman y Oshri Oz murieron en Sderot el 21 y el 27 de mayo, respectivamente, a causa de ataques con cohetes Qassam.
Sistema de justicia
Detenciones
Las fuerzas israelíes detuvieron en los Territorios Palestinos Ocupados a millares de palestinos, incluidos decenas de menores. La mayoría de ellos quedaron en libertad sin cargos posteriormente, pero centenares fueron acusados de delitos contra la seguridad. Unos. 9.000, entre ellos más de 300 menores, así como personas detenidas en años anteriores, se hallaban encarcelados al final de 2007. Más de 900 estaban sometidos a detención administrativa, sin cargos ni juicio, en algunos casos desde 2002. Entre los detenidos había decenas de ex ministros del gobierno de la Autoridad Palestina dirigido por Hamás y de parlamentarios y alcaldes de este partido, que parecían haber sido recluidos con objeto de ejercer presión sobre Hamás para que liberara a Gilad Shalit, soldado israelí capturado en 2006 y que continuaba recluido en Gaza, bajo custodia del brazo armado de Hamás, los Comités de Resistencia Popular.
Casi todos los palestinos privados de libertad continuaron recluidos en cárceles de Israel, lo que constituía una violación del derecho internacional humanitario, que prohíbe llevar a personas detenidas al territorio de la potencia ocupante.
En octubre, a raíz de una petición de hábeas corpus presentada por una organización de derechos humanos, el Tribunal Supremo ordenó al ejército y a la administración de prisiones explicar por qué a menudo no se registraban los traslados de detenidos palestinos de un centro de detención a otro. El caso seguía pendiente al final del año.
Denegación de visitas de familiares
La autoridades israelíes denegaban a menudo el permiso de visita a los familiares de los detenidos palestinos por razones de «seguridad» no especificadas. La prohibición parecía a veces arbitraria, pues a las mismas personas unas veces se les permitía la visita y otras no. Muchos padres, madres, cónyuges, hijos e hijas de detenidos llevaban más de cuatro años sin que se les permitiera ir a visitarlos. En junio, las autoridades israelíes suspendieron las visitas familiares a unos 900 detenidos de la Franja de Gaza. La medida se mantuvo el resto del año. Ningún preso israelí estuvo sometido a tales restricciones.
Juicios injustos ante tribunales militares
Los juicios de palestinos ante tribunales militares israelíes a menudo no cumplían las normas internacionales de justicia procesal, y no se realizó ninguna investigación creíble sobre denuncias de tortura y otros malos tratos a detenidos.
Excarcelaciones
En julio, octubre y diciembre, las autoridades israelíes dejaron en libertad a unos 770 presos palestinos, miembros en su mayoría del partido Fatah del presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás. En virtud de un acuerdo alcanzado con Hezbolá en Líbano en octubre, las autoridades israelíes dejaron en libertad a un libanés que sufría una enfermedad mental y que había sido capturado por las fuerzas israelíes en Líbano y trasladado a Israel en agosto de 2006, y también devolvieron los cadáveres de dos combatientes libaneses de Hezbolá a cambio del de un israelí que se había ahogado y había sido arrastrado por la corriente hasta la costa libanesa años antes. Las autoridades israelíes continuaron negándose a devolver a sus familias los cadáveres de centenares de palestinos muertos en ataques y enfrentamientos con las fuerzas israelíes en años anteriores.
Agresiones impunes a personas palestinas
Los miembros de las fuerzas armadas y otras fuerzas de seguridad israelíes, así como los colonos israelíes, continuaron disfrutando de impunidad en casos de abusos contra los derechos humanos perpetrados contra palestinos, incluidos homicidios ilegítimos, tortura y otros tratos crueles, agresiones físicas y ataques contra bienes. Las investigaciones y enjuiciamientos por esta clase de abusos eran poco corrientes y normalmente se limitaban a casos divulgados por organizaciones de derechos humanos y medios de comunicación. Fueron pocas las investigaciones de este tipo de que se tuvo noticia, y la mayoría se cerraron por «falta de pruebas». En los raros casos en que se declaró a soldados o colonos culpables de abusos contra palestinos, se los trató con relativa indulgencia, y no se tuvo noticia del procesamiento de ningún miembro del Servicio General de Seguridad por torturas a palestinos.
Tortura y otros malos tratos
Era habitual someter durante largo tiempo a las personas detenidas a régimen de incomunicación para su interrogatorio y negarles el acceso a sus abogados por periodos de hasta varias semanas. Hubo informes frecuentes de tortura y otros malos tratos infligidos en estas circunstancias con métodos como someter a la víctima a palizas, atarla en posturas dolorosas durante largos periodos, negarle el acceso al retrete y amenazarla con causar daño a su familia. En algunos casos se citó a padres, madres, esposas o hermanos de detenidos y se los obligó a aparecer ante ellos vestidos con traje de preso para hacerles creer que también se hallaban recluidos y sufrían malos tratos.
En octubre, a raíz de una petición presentada por una organización de derechos humanos, el Tribunal Supremo dictó un fallo provisional por el que se ordenaba a las autoridades notificar a los palestinos recluidos en un centro de detención de la Franja de Gaza que una nueva normativa les permitía el acceso libre al retrete. En marzo, a raíz de otra petición de una organización de derechos humanos, el Tribunal Supremo ordenó al Servicio General de Seguridad informar a Mohammed Sweiti, quien llevaba cinco semanas en régimen de incomunicación, de que su esposa no estaba detenida. Mohammed Sweiti se había declarado en huelga de hambre y había intentado suicidarse cuando le mostraron a su esposa y a su padre vestidos con el uniforme de la prisión y le dieron a entender que estaban siendo sometidos a malos tratos.
Bloqueos y otras restricciones
Más de 550 puestos de control y bloqueos militares israelíes restringían o impedían a la población palestina la circulación entre las ciudades y pueblos de Cisjordania. Las autoridades israelíes continuaron expandiendo los asentamientos allí y construyendo una valla/muro de 700 km, el 80 por ciento de la cual discurría por dentro del territorio ocupado. Con tal fin se habían confiscado a los palestinos o hecho inaccesibles para ellos grandes extensiones de tierra de su propiedad, lo que los privaba de sus medios de vida y les limitaba el acceso a sus trabajos, centros educativos y médicos y otros servicios necesarios. A los palestinos se les prohibía o restringía el acceso a más de 300 km de carreteras en Cisjordania, que eran utilizados en su mayor parte por los colonos israelíes.
En junio, las autoridades israelíes intensificaron hasta extremos sin precedentes el bloqueo impuesto a la Franja de Gaza. Cerraron la frontera con Egipto, único punto de entrada y salida del territorio para su población, así como el paso de mercancías de Karni. Millares de palestinos se quedaron en el lado egipcio de la frontera sin poder regresar a sus hogares durante meses. A la mayoría se les permitió volver a Gaza en agosto, pero muchas decenas continuaban allí al final de año, y millares de estudiantes y trabajadores no pudieron salir de Gaza para reanudar sus estudios o volver a su trabajo fuera del territorio. Excepto en algunos casos urgentes, a las personas que necesitaban atención médica no disponible en Gaza se les impidió salir de allí, por lo que más de 40 murieron.
El bloqueo agudizó terriblemente la ya grave situación humanitaria en Gaza. Las pocas fábricas que continuaban en funcionamiento a pesar de las restricciones impuestas en años anteriores tuvieron que cerrar, pues no podían importar materias primas ni exportar la producción. Se perdieron grandes cantidades de flores y otros productos agrícolas por no poder exportarlos. Había escasez de carne, productos lácteos y otros alimentos básicos, así como de la mayoría de los demás artículos, como papel, bolígrafos, ropa, repuestos para equipo hospitalario y medicinas. La pobreza extrema, la malnutrición y otros problemas de salud aumentaron. El 80 por ciento de la población dependía de la asistencia internacional, pero los organismos de ayuda de la ONU y las organizaciones humanitarias también se vieron afectados por las restricciones y el consiguiente aumento del coste de sus operaciones.
Destrucción de viviendas
Las fuerzas israelíes demolieron más de 100 viviendas palestinas en toda Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, porque se habían construido sin permiso –el cual se denegaba sistemáticamente a los palestinos residentes en estas zonas de los Territorios Palestinos Ocupados–. Las demoliciones dejaron sin hogar a centenares de personas.
- En agosto, las fuerzas israelíes destruyeron varias viviendas y corrales en Humsa, pequeño pueblo cisjordano de la zona del valle del Jordán. Las familias de Abdallah Hsein Bisharat y Ahmad Abdallah Bani Odeh, que sumaban en total unas 40 personas, en su mayoría menores, perdieron sus hogares. El ejército confiscó además las cisternas de agua del pueblo y un tractor. Los habitantes de Humsa se habían visto obligados a trasladarse allí desde la cercana localidad de Hadidiya tras amenazar el ejército israelí con destruir sus hogares, pues consideraba ese lugar «zona militar cerrada», que sólo podía ser utilizada para las prácticas de tiro de las fuerzas israelíes. En octubre, las familias se vieron obligadas a salir de Humsa y volvieron a Hadidiya.
- En octubre, más de 200 palestinos fueron expulsados de sus hogares en Khirbet Qassa, pueblecito establecido en la década de 1950 por refugiados palestinos y que la valla/muro había dejado aislado del resto de Cisjordania. Las fuerzas israelíes llevaban más de un año hostigándolos para obligarlos a marcharse, y al final demolieron la mayoría de sus viviendas con el pretexto de que se habían construido sin permiso –el cual las autoridades israelíes denegaban a los palestinos de esa zona–.
Denegación de solicitudes de reunificación familiar
A los ciudadanos extranjeros, en su mayoría personas de origen palestino casadas con habitantes palestinos de los Territorios Palestinos Ocupados, se les negaba cada vez más la entrada en éstos. A las mujeres casadas de nacionalidad europea o norteamericana, que anteriormente podían residir en los Territorios Palestinos Ocupados si salían y volvían a entrar en Israel cada tres meses para renovar el visado, se les denegaba a menudo la entrada en ellos. Tras una campaña constante de personas afectadas por estas restricciones y de organizaciones de derechos humanos, en octubre las autoridades israelíes concedieron unas 3.500 solicitudes de unificación familiar presentadas en años anteriores. Sin embargo, no atendieron unos 120.000 casos más también pendientes.
Informes y visitas de Amnistía Internacional
- Amnistía Internacional envió delegaciones a Israel y los Territorios Palestinos Ocupados en junio, julio y diciembre.
- Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Soportando la ocupación. La población palestina, bajo sitio en Cisjordania (MDE 15/033/2007)
- Israel y los Territorios Palestinos Ocupados: Negación del derecho a la vida familiar. Prohibida la entrada a los cónyuges extranjeros de los habitantes palestinos (MDE 15/018/2007)
- Israel/Occupied Palestinian Territories: Update to Comments by Amnesty International on Israel’s compliance with its obligations under the International Convention on the Elimination of all Forms of Racial Discrimination (ICERD) (MDE 15/007/2007)
- Territorios Palestinos Ocupados: Desgarrados por la lucha entre facciones (MDE 21/020/2007)
